Un
deterioro lento y progresivo del aparato económico, así como de la capacidad
del Estado para atender las necesidades básicas de la población, pone en
peligro la supervivencia de los venezolanos, especialmente del 51% que forma
parte de los estratos en mayor pobreza. El gobierno ha sido rebasado en su
capacidad para hacer frente a este escenario, por lo que será inminente aceptar
la cooperación internacional si se quiere impedir mayor sufrimiento, señalan los
expertos. Más de 4 millones de personas sin acceso a medicamentos, 1 millón de
niños menores de 3 años que no se alimentan como requieren, el incremento de
las cifras de mortalidad materna e infantil y los desplazamientos masivos en
las fronteras son evidencia de una crisis que el gobierno niega
Hundidos
en profundas crisis económicas, políticas y sanitarias o arrasados por la
violencia, 17 países requerirán de la asistencia de la comunidad internacional
en 2018. Venezuela es la única nación latinoamericana que integra esa lista, en
la que figuran en su mayoría países de África y de Medio Oriente, como Libia,
Sudán del Sur, Siria, Yemen y Afganistán, de acuerdo con un reporte que fue
presentado a principios de mes por la organización no gubernamental Acaps, especializada
en el análisis de los escenarios que caracterizan las emergencias humanitarias.
En
el caso venezolano, la ONG basa su diagnóstico en un repaso de los
hechos acaecidos en 2017, un cocktail explosivo en el que convergen la
hiperinflación, la caída de los ingresos económicos, la restricción de acceso a
los servicios básicos, la erosión de las instituciones democráticas y la
represión contra las protestas públicas. Para el año próximo, la supervivencia
de la población se verá aún más comprometida, señalan, debido a la
descomposición de las instituciones del gobierno, el empeoramiento de
las condiciones económicas y la creciente inseguridad.
Mientras
el deterioro se agrava y se hace evidente para los observadores, el gobierno de
Nicolás Maduro sigue empeñado en no reconocerlo. "Venezuela es un país
pujante, trabajador, no es un país de mendigos como han pretendido algunos con
aquello de la ayuda humanitaria", dijo el mandatario durante una emisión
reciente de su programa televisivo dominical.
La
especialista en gestión alimentaria Susana Raffalli, asesora de Cáritas de
Venezuela, corrige el equívoco: cuando se habla de acción humanitaria no se
está hablando de limosnas ni tampoco de solidaridad, sino de un cuerpo de
conocimientos y actuaciones que debe activarse cuando se producen daños masivos
a la salud y la integridad de la población y se pierden vidas humanas.
"La
crisis alimentaria pasó a ser una crisis humanitaria cuando se murió el primer
niño por desnutrición", puntualiza. En este momento, en la escala de
criterios que definen este tipo de situaciones, el país ha pasado de la crisis
a la emergencia humanitaria, que se caracteriza porque, además, el Estado
perdió la capacidad para dar respuesta y asistir a los afectados, lo que hace
apremiante la ayuda internacional.
Raffalli
indica que un dato que sirve como termómetro de la intensidad de lo que ocurre
es la rapidez con la que han empeorado los indicadores. "El monitoreo
centinela que realiza Cáritas muestra que tenemos 15,7% de niños menores de 5
años con desnutrición aguda, pero lo peor es que en octubre había 8%, es decir,
que se duplicó la cantidad de niños en estas condiciones".
Problema
complejo.
El hecho de que los actores
gubernamentales nieguen sistemáticamente el grave deterioro de las condiciones
de vida de la población le da a la situación venezolana nombre y apellido:
emergencia humanitaria compleja. “Uno de los principales factores de este tipo
de escenarios es que el actor que debería estar en condiciones de aportar las
soluciones es precisamente quien las niega”, señala Jo D'Elía, responsable de
la investigación sobre el estado de los derechos humanos en materia de salud
para la organización no gubernamental Provea.
“Venezuela
tiene todas las características de emergencias humanitarias complejas que
ocurren en países que sufren problemas sistémicos, económicos y sociales”,
coincide Marino González, investigador especializado en el área de políticas
públicas de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la
Academia Nacional de Medicina. “Este tipo de situaciones no se relacionan
con conflictos bélicos ni con catástrofes naturales”, aclara.
Las
situaciones que se enmarcan dentro del concepto de emergencia humanitaria
compleja suelen haberse gestado con lentitud durante mucho tiempo, añade
D’Elía. “Son consecuencia de años de deterioro, que han desembocado en la
desestructuración de las capacidades internas del país para ayudar a las
personas en sus necesidades”.
En
el área asistencial puede verse con claridad la forma cómo ha evolucionado el
daño: el fracaso de la gestión pública que ha devenido además en un deterioro
sistemático de los servicios de salud, indica. “El gobierno nacional no
resolvió el problema de la fragmentación de las instituciones que deben dar
respuestas a los problemas asistenciales y además montó un sistema paralelo que
se financió por mucho tiempo con los recursos que debían ir al sistema público.
Cuando se admitió el fracaso de Barrio Adentro ya no había manera de recuperar
el sistema público”, afirma.
D’Elía
coincide con Raffalli en que el declive de las condiciones de vida se ha
acelerado y que el daño que causa está afectando de manera irreparable a un
número incalculable de venezolanos, imposible de saber por el ocultamiento de
las cifras que practica el gobierno. “Se han comenzado a registrar muertes de
manera sistemática y lo peor es que podrían haberse evitado”, alerta.
Para
ilustrar esta afirmación, añade, basta recordar el aumento en más de 65% de
mortalidad materna y más de 30% de mortalidad infantil entre 2015 y 2016,
cifras que se conocieron cuando el Ministerio de Salud publicó a principios de
año los boletines epidemiológicos que habían estado silenciados durante meses.
“Se trata de fallecimientos que son en su mayoría prevenibles y revelan una
falta absoluta de control prenatal. Nos dicen que son las mujeres y los niños
las víctimas de las decisiones estatales”.
La
Encuesta Nacional de Hospitales también ha revelado que 60% de los
servicios de salud están paralizados y que los que funcionan lo hacen en condiciones
de precariedad. Entre 70% y 80% de los equipos médicos no están operativos. Más
de 50% del personal de salud ha desertado.
Desplazamientos
para sobrevivir.
La Coalición de
Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la
Vida calcula que en este momento hay 4 millones de venezolanos que padecen
dificultades para el acceso a medicamentos y otros 300.000 con problemas
crónicos de salud que no tienen acceso a los fármacos de alto costo que
requieren. Asimismo, 500.000 cirugías están pendientes en centros
hospitalarios, las cuales no se pueden realizar por el déficit de insumos. Para
enero calculan que habrá 77.000 personas con VIH que no conseguirán los
antirretrovirales que necesitan.
Mientras
sectores privados denuncian que la escasez de medicamentos supera la cifra de
90%, el Estado insiste en que no llega a 15%. D’Elía tiene la explicación: “El
gobierno recortó de manera brutal la lista de medicinas que importa, por lo que
cuando se refiere a esta carestía, no habla de lo que en realidad se necesita
sino que describe solamente su lista de compras”.
Los
desplazamientos masivos se hacen evidentes y en muchos casos la razón es
precisamente la búsqueda de tratamientos que no se consiguen en el país. “A
diario vemos a miles de personas cruzando las fronteras para buscar los
medicamentos que requieren”, advierte Francisco Valencia, director de
Codevida.
Raffalli
añade que otra característica de las emergencias humanitarias complejas es que
desbordan los límites de las naciones y comienzan a afectar a la región. “El
movimiento migratorio, que ya supera los 2 millones de personas, tiene impacto
en nuestros vecinos”. Una evidencia clara es la reciente declaratoria de
emergencia social en el estado de Roraima, Brasil, que ha recibido un flujo de
cerca de 30.000 venezolanos durante los últimos 2 años.
El
período de hiperinflación que comenzó a atravesar el país, y que viene
precedido de cuatro años de caída de la actividad económica y del derrumbe
progresivo de la inversión pública, no hará sino exacerbar los problemas
sociales que ya venía atravesando el país. “El gobierno no ha reaccionado
ante lo que estamos viviendo, pero lo peor es que la sociedad tampoco se ha
dado cuenta de lo que está pasando. Eso ocurre en parte porque estamos
inmersos en un patrón cultural y sistémico que nos ha acostumbrado a la inflación,
un fenómeno que ha estado presente en nuestra cotidianidad en los últimos 30
años”, indica González.
La
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ya ha mostrado, recuerda, un
aumento de la población en pobreza extrema, que pasó a representar 51,5% de la
población en 2016. La inflación desbocada también ensancha la brecha entre los
sectores que pueden adaptarse más fácilmente a estas condiciones económicas y
los más pobres, que no cuentan con recursos para ello y que cada vez deben
dedicar mayores esfuerzos y recursos a alimentarse. “A esa población que ya
veía sumamente deteriorada su calidad de vida, la hiperinflación le pone cada
vez más lejos los productos que necesita para sobrevivir”, agrega el experto en
políticas públicas. Especialmente preocupante es la situación de 3 millones de
niños venezolanos menores de 3 años que no están comiendo lo que necesitan, en
una edad en la que la alimentación es vital para el desarrollo neurológico.
Intervención
inminente.
Pese a que expertos y
representantes de la sociedad civil claman por la aceptación oficial de la
situación de emergencia humanitaria en Venezuela, hay otras voces en el ámbito
internacional que apoyan la negativa del gobierno a admitirla. Es el caso de
Alfred de Zayas, experto independiente de Naciones Unidas, que hace poco visitó
el país y concluyó que era “excesivo” endilgarle a Venezuela esa calificación.
D’Elía
pone en duda la imparcialidad de este funcionario y recuerda que, en 2016, el
entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció la
existencia de una crisis humanitaria en el país. “Las necesidades básicas no
pueden ser cubiertas... la comida, el agua, la sanidad, la ropa, no están
disponibles”, expresó ese año el funcionario de origen surcoreano en
declaraciones a los medios.
“En
presencia de una emergencia humanitaria el Estado venezolano tiene obligaciones
y si rehúsa recibir colaboración internacional no solo está violando el derecho
a la salud sino el derecho de las personas de ser protegidas”, afirma D’Elía.
“Pero, además, los derechos humanos son una responsabilidad compartida: la
gente tiene la obligación de presionar, de buscar por todos los medios
diplomáticos posibles que el Estado acepte sus obligaciones, su responsabilidad
como parte y las responsabilidades individuales por los daños que puedan
producirse”.
En
un momento de emergencia humanitaria como el que vive el país deben activarse
los protocolos diseñados para evitar mayores daños y muertes, apunta Raffalli.
“Cada fase detona un protocolo de atención adecuado. Cuando Cáritas
anunció en su sistema de alerta temprana que estábamos entrando en crisis, la
actuación coherente hubiera sido dotar todos los dispensarios del país con
suplementos nutricionales que hubieran podido atender a los niños con
desnutrición y evitar muertes”.
La
situación desbordó al Estado y este no puede por sí mismo solucionarla. “Cuando
pasas de la normalidad a la crisis humanitaria la puedes manejar aprobando
recursos extraordinarios que destinarás a atenderla, pero cuando estás en
emergencia ni siquiera con eso puedes salvar a la gente”, agrega.
Las
condiciones de hiperinflación imponen un programa de estabilización económica
para corregir los desequilibrios –dice González– pero este debe venir
acompañado de un programa de asistencia que atienda a la población
desprotegida, monitoreado y supervisado por organismos que puedan encargarse de
forma transparente de su manejo. “Es necesaria la ayuda porque estamos
experimentando una inédita destrucción social y económica. Llegamos a una fase
de quiebre social, doloroso, que se mete en las casas, en los bolsillos de la
gente, en los ámbitos íntimos y más privados”, reflexiona.
Rostros
del sufrimiento cotidiano
“Es
muy triste llegar a la casa con las manos vacías”
Keyler
vive con sus 5 hijos en una humilde casita en La Pastora. Se levanta
sin excusas para ir a limpiar en una casa donde le pagan 30.000 bolívares el
día. Se esfuerza para que a sus niños, que tienen entre 1 y 15 años de edad, no
les falten las 3 comidas, y aunque le cuesta reconocerlo, ya ha pasado. Han
dejado de ir al colegio por no tener desayuno. La nevera está dañada, pero si
funcionara tampoco la usaría para guardar carne o pollo porque son productos
inasequibles. Han perdido peso, ella por lo menos 10 kilos. A sus hijos les ha
dado diarrea y vómito. La leche que trae la caja CLAP les causa ese efecto. No
siempre consigue comida regulada. “Es muy triste llegar a la casa con las manos
vacías”, expresa. A pesar de todo, agradece la colaboración de un vecino y de
la dueña de la casa donde trabaja. Su esposo gana sueldo mínimo y su hijo mayor
ya trabaja para ayudar con la comida. “Me he parado con la columna que no la
aguanto y he tenido que salir para que ellos no se acuesten sin comer. Lloro y
le digo a Dios: ¿será que tú no existes?”, dice entre lágrimas.
“Robo
en la basura para comer”
Juan
no sabe dónde está su mamá y su papá está preso en la cárcel de Alayón, en Aragua.
Tiene apenas 12 años de edad y lo único que hace es cuidar carros en El Limón.
Todos los días se traslada desde la casa de su tía –lugar donde lo dejó su
mamá– en el barrio El Paseo de Maracay hasta la zona donde “trabaja”, o pide,
para poder comer. Otras veces recurre a opciones que en su inocencia califica
de delito. “Robo en la basura para comer”, expresa mientras fija su mirada
lejos de la cámara, avergonzado. En su rostro y su cuerpo se presentan rasgos
de desnutrición y cicatrices que son señales de maltrato físico. Le cuesta
recordar cuándo fue la última vez que comió carne o al menos un plato grande de
comida. Tanto su futuro como su felicidad están alejados de su mente. La
paranoia se apodera de él. Dice sentirse afectado por los otros niños que se
burlan de él. Recibe ayuda de la Fundación Dame la Mano, pero
anda a la deriva, sin estudios, creciendo antes de tiempo.
“En
el hospital no le pueden dar lo que necesita”
Diego
no puede hablar. Su mamá, Yennifer, lo hace por él. Han luchado juntos en
contra del síndrome de Crohn, que apenas hace unos días le fue diagnosticado al
niño. A los 6 meses de edad apenas pesaba 8 kilos. Un mes después ingresó en el
Hospital de Niños J. M. de los Ríos, donde se encuentra actualmente luego de un
ir y venir de San Juan de los Morros, su ciudad natal. Ella explica que la
desnutrición que presenta no es por falta de alimentos, sino por la patología.
“Necesita comida especial”, indica antes de aclarar que en el centro
hospitalario no cuentan con este régimen alimenticio. Le brindaron el menú
hipercalórico e hiperproteico por dos días nada más. “Le dan comidas normales,
pero no le dan lo que en realidad él necesita”, reitera Yennifer en relación
con esta falla en el hospital. Ella decidió egresarlo para llevarlo a su casa
en Guárico y prepararle con sus escasos recursos la comida que requiere. A este
cuadro se le suma la escasez de medicinas. Diego necesita corticosteroide
sintético y no lo ha conseguido en meses.
“Al
no darle su tratamiento, le están quitando la vida”
Samuel
recibió un trasplante de riñón hace tres años. Fue operado en el Hospital J. M.
de los Ríos, donde además recibiría su tratamiento de por vida todos los meses.
Fue la promesa que le hicieron a su mamá, Victoria, la que se cumplió con
regularidad hasta hace un año. Los cuatro medicamentos antirrechazo que debe
tomar a diario empezaron a escasear en el hospital en los últimos meses. “La
última vez no había nada. Me dicen que ya el pedido se hizo pero no llega”,
expone la madre, que no entiende cómo esta situación se les escapa de las
manos. Ha recibido ayuda de familiares en el exterior. Ella confía en que se
establezca un canal humanitario en el país. “Mientras siga el conflicto, ni
para ellos ni para nadie”, señala. Victoria llora en silencio porque no quiere
transmitirle a su hijo la desesperación que vive buscando el tratamiento que
una vez le prometieron que no faltaría. “Es como algo que te dan y después te
lo quitan. Al no suministrarle su tratamiento, le están quitando la vida”,
afirma.
Por MARIELBA NÚÑEZMNUNEZ@EL-NACIONAL.COM | RAYLÍ LUJÁNRLUJAN@EL-NACIONAL.COM
17 DE DICIEMBRE DE 2017 01:15 AM | ACTUALIZADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 10:42 AM
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