Cada vez que un paciente renal venezolano acude a terapia
interdiaria de hemodiálisis, lo hace con la incertidumbre de si estarán
completos los insumos para el tratamiento, si habrá agua y electricidad o si la
máquina funcionará. La crisis crónica de esos servicios de salud, que se
denuncia desde hace más de tres años, alcanzó durante las primeras semanas de
2018 un punto álgido cuando 32 unidades de diálisis se paralizaron en 13
estados por falta de materiales necesarios para el procedimiento.
Ese cierre técnico cobró la vida de 14 pacientes renales, según el
registro de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida,
Codevida. “Eso fue lo que se logró contabilizar; sin embargo, creemos que
fueron muchos más”, señala el presidente de la ONG, Francisco Valencia. Uno de
los pacientes de esa lista fue Miguel Riera, de 49 años de edad, que estuvo más
de una semana sin diálisis en la unidad El Ángel de Barquisimeto porque no
había dializadores.
La ausencia del tratamiento ocasionó que Riera convulsionara el
primero de febrero. “Tuve que llevarlo al hospital central. El 25 de febrero le
dio un derrame digestivo. El doctor dijo que eso era porque estaba mal
dializado”, explicó la esposa, Elizabeth García. Añadió que durante la hospitalización,
Riera pasó otra semana sin poder dializarse porque en unas oportunidades
faltaba el agua y en otras el paciente tenía la hemoglobina baja. “Para que me
dieran una bolsa de sangre, yo tenía que llevar dos donantes y de paso hacerles
la serología por fuera porque en el hospital no había reactivos, y nosotros no
teníamos los recursos para eso”.
Riera falleció el 5 de marzo y aunque el acta de defunción dice
que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico, síndrome que se desarrolla
cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se
vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, García está convencida
de que fue consecuencia de las deficiencias del tratamiento de las que su
esposo fue víctima desde principios de año.
Aunque desde inicios de 2017 se denunciaban interrupciones en el
suministro de insumos, no fue sino hasta el 24 de enero de este año, en medio
de la crisis, cuando el gobierno anunció que había aprobado 12,3 millones de
euros con el fin de comprar materiales esenciales para diálisis, hemoderivados
y reactivos para bancos de sangre. Pero el asunto no se solucionó con autorizar
una cantidad de dinero, pues las deficiencias persisten, aunque las autoridades
no lo reconozcan.
“Si no tienes cifras oficiales, no se pueden programar acciones.
La única forma de saber cómo aplicar una terapia efectiva es conociendo cuál es
el problema de nuestra población. Tenemos que saber de qué se están enfermando
los pacientes y cuántas personas están en el programa de diálisis porque con
base en esas cifras es que se pueden planificar las políticas de salud”,
enfatiza el presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología,
Carlos Márquez.
Opacidad para informar. La
última vez que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales publicó cifras
oficiales de pacientes renales fue en 2014. Ese año se contabilizaron 12.565
personas que se dializaban en las 126 unidades que entonces había en el país,
17 dependientes del Ministerio de Salud y 109 del IVSS. Según información
extraoficial, para 2015 se contaban 14.645 pacientes, de los cuales 13.289
formaban parte del programa de hemodiálisis y 1.356 de diálisis peritoneal. En
2017 se canceló la diálisis peritoneal por falta de insumos, por lo que los
pacientes de ese programa tuvieron que sumarse al de hemodiálisis. En 2018 se
calcula que en Venezuela existen alrededor de 15.000 pacientes renales.
La primera semana de febrero el ministro de Salud y presidente del
IVSS, Luis López, informó que al país habían llegado 15.096 filtros para diálisis.
Entonces aseguró que en los próximos días seguirían recibiéndose materiales,
sin ofrecer más detalles. Los anuncios los hizo a través de su cuenta oficial
en Twitter @LuisLopezPSUV. Según los protocolos de la diálisis, cada paciente
necesita 3 filtros para cumplir el tratamiento semanal, por lo que el
cargamento anunciado entonces por el ministro de Salud alcanzaba solo para una
sesión de cada enfermo en el país.
La falta de insumos persiste como uno de los graves problemas que
afecta el funcionamiento de las 129 unidades de diálisis. “El despacho de
material por el IVSS sigue siendo muy irregular. Todo lo que llega es contado.
En algunas oportunidades hay que suspender las diálisis porque no se recibe a
tiempo lo que se necesita”, declaró una fuente del Hospital Universitario de
Caracas que prefirió no identificarse. “Los medicamentos también faltan en la
unidad. En este momento están llegando algunos antibióticos, pero son una gama
muy limitada”, añadió.
En la unidad de diálisis del J. M. de los Ríos existe déficit de
líneas de conexión pediátricas, a pesar de que el 21 de febrero la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dictó medida cautelar a todos los pacientes
de ese servicio de nefrología. La medida N° 1039-17 de la CIDH exige al
gobierno de Nicolás Maduro que garantice la vida, integridad personal y salud
de los niños y niñas pacientes del J. M. de los Ríos; asimismo, las autoridades
deben proporcionar el tratamiento médico que se requiere, facilitar el acceso a
este y a los procedimientos que necesiten los pequeños.
“A veces hemos tenido que trabajar con líneas baby, lo cual hace
que el tratamiento no sea igualmente efectivo en pacientes que requieren
otro tipo de línea. En comparación con 2017 la unidad está mucho mejor, pero el
suministro de insumos no es regular. A veces hay una cosa y luego no hay otra.
Esto es como el cuento de la pulga y el piojo”, señala la jefa del Servicio de
Nefrología, Belén Arteaga.
En la unidad de diálisis Rómulo Gallegos de Caracas, administrada
por el IVSS, el personal dice que tiene prohibido declarar a la prensa. Sin
embargo, eso no impide que Josefina Pina, familiar de un paciente que tiene
cuatro años en diálisis, admita que el suministro de material es
irregular. “Ellos tienen que resolver para poder aplicarle el tratamiento a los
pacientes”, dice refiriéndose al personal de la unidad.
En Campo Alegre, donde está la unidad Riverside, ocurrió lo mismo
que en la unidad anterior. Una empleada de la administración dijo que el
contrato que firmaron con el IVSS les impide dar declaraciones. Pero pacientes
y familiares contaron que la dotación de insumos es irregular e improvisada.
“En la crisis de enero no pasé trabajo porque heredé unos filtros de un
paciente que falleció”, dijo Juan Arguinzones, paciente con 10 años en
diálisis.
Leonardo Silvera, que se dializa en la Riverside desde septiembre
de 2017, reconoce que han faltado filtros para las diálisis y que por eso les
recortaron el tratamiento durante una semana. La incertidumbre persiste,
agravada porque los pacientes deben recurrir a sus propios recursos para
sortear las fallas. “Un filtro puede llegar a costar 2.500.000 bolívares”,
precisó Yaemir Zambrano, que tiene a su madre en diálisis desde hace 7 meses.
Una puerta cerrada. Los
problemas con los equipos han obligado a clausurar centros de diálisis, a veces
indefinidamente. “La situación está difícil. Tenemos información de unidades de
diálisis que han cerrado”, ratifica Valencia. Cinco centros cerraron en el
estado Bolívar y otras 13 unidades en Aragua, Portuguesa y Miranda informaron,
a mediados de marzo, que estaban al borde de la quiebra. Ante toda esta
situación no existe respuesta oficial. “La poca información que se puede
recoger es la que mandan lo directores de hospitales, pero las unidades del
IVSS manejan el tema con mucho hermetismo”, indicó Márquez.
La unidad de diálisis de El Algodonal se paralizó en noviembre de
2017 porque la planta de ósmosis, que se utiliza para purificar el agua para el
tratamiento, se dañó por falta de mantenimiento preventivo y correctivo,
denunció María Yanes, ex jefa del servicio de Nefrología. El personal del IVSS
se limitó a acudir a buscar el material sobrante para reubicar a los pacientes
en otras unidades.
En el caso de las unidades privadas, la situación se ha agravado
por la falta de recursos. Por cada sesión que recibe un paciente renal, el IVSS
paga 37.000 bolívares, tarifa que no se ajusta desde septiembre de 2017 y que
impide que los propietarios puedan afrontar los costos operativos. Solo el
mantenimiento de la planta de ósmosis requiere 42 millones de bolívares, y debe
hacerse por lo menos cada 6 meses para evitar contaminación.
Un ejemplo de lo que puede pasar si ese mantenimiento falta
ocurrió en el J. M. de los Ríos, donde en 2017 un grupo de niños contrajo la
bacteria klebsiella. Deyvis Román es uno de los dos sobrevivientes de ese
episodio. “Estuvo hospitalizado durante siete meses porque tenía el
microrganismo en la sangre”, contó su madre, Liliana Chinaglia. Deyvis tiene
siete años de edad y se dializa desde hace tres años por un problema renal
congénito. En lugar de ir a la escuela, asiste los lunes, miércoles y viernes
al hospital. “Antes de la infección, a la planta de ósmosis no se le hacía
mantenimiento desde noviembre de 2016”, señaló Arteaga. El año pasado
fallecieron al menos 12 pacientes del hospital con patologías nefrológicas,
según denuncia de la ONG Prepara Familia.
“De las 15 máquinas que tiene la unidad de diálisis, 13 están
completamente operativas, pero solo pueden conectarse 7 porque si no colapsa la
planta de ósmosis, cuyo mantenimiento más reciente fue en abril de 2017. Otras
veces hemos tenido que reprogramar la diálisis porque no entra agua al
hospital”, manifestó Arteaga.
Según la Encuesta Nacional de Hospitales, presentada recientemente
por la Asamblea Nacional y la ONG Médicos por la Salud, en 79% de los centros
asistenciales el servicio de agua es escaso y discontinuo.
Otro elemento que se suma a la lista de padecimientos de los
enfermos renales es que el cementerio de equipos de diálisis cuenta cada vez
con más tumbas porque “las máquinas no tienen repuestos, aparte de no hay
técnicos suficientes; por eso han recortado el tiempo de diálisis y tenemos que
compartir una máquina con más de dos pacientes”, señala Arguinzones, que se
dializa en la Riverside. Zambrano indicó que ya no hay máquinas fijas y que no
se respetan los turnos de los pacientes, pues los dializan menos horas de lo
indicado para poder dar espacio a otros.
A las irregularidades que deben sortear los pacientes en terapia
de hemodiálisis hay que sumar el cierre del programa de trasplante, denunciado
en octubre de 2016. Sin esta intervención se apaga la esperanza de contar con
un órgano que sustituya los riñones dañados. En mayo de 2017 se creó
laFundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y
Células, que trató de explicar en un comunicado las razones de la suspensión:
“En el entendido de que, a pesar de las implicaciones médicas que esta medida
pueda acarrear, resulta la estrategia más responsable a tomar ante la actual
situación que atraviesa la salud pública tanto a nivel de infraestructura,
recursos humanos, así como suministro oportuno de medicamentos inmunosupresores
para la inducción en el trasplante de órgano”.
Márquez recuerda que la diálisis debería ser en realidad una
terapia intermedia. “Para la mayoría de los pacientes la solución definitiva de
la enfermedad renal crónica debe ser el trasplante renal”, argumentó el
presidente de la SVN. Una nefróloga, que no ofreció su nombre por temor a
represalias por el IVSS, hace una advertencia aún más contundente: “Al cerrar
esa puerta a los pacientes renales, la única salida que tienen de la
diálisis es la muerte”.
La intermitencia en el abastecimiento de medicamentos
inmunosupresores ha puesto en riesgo la salud de pacientes trasplantados que
han rechazado el órgano, lo cual los obliga a regresar a diálisis y a sumar más
personas a la demanda de un servicio ya colapsado. Los pacientes que pierden la
oportunidad que les dio el trasplante se encuentran obligados a vivir otra vez
con una falla renal, y “no tienen unidades de diálisis a donde acudir porque
todas funcionan con irregularidades”, señala Valencia.
Las secuelas de las diálisis incompletas
La falla renal crónica es una complicación que puede derivarse de
hipertensión, diabetes o nefropatías. La deficiencia del órgano obliga a los
pacientes a recurrir a la diálisis, tratamiento mediante el cual se depura y
filtra la sangre, usando una máquina que permite eliminar temporalmente los
desechos peligrosos del cuerpo y el exceso de sal y agua. Funciona como un
riñón artificial, que además ayuda a controlar la presión arterial y a que el
cuerpo mantenga el equilibrio adecuado de sustancias químicas importantes como
potasio, sodio, calcio y bicarbonato.
De allí el peligro de reducir la cantidad y la calidad de la
diálisis que reciben los pacientes, a lo que además hay que añadir el riesgo de
que muchos de ellos no tengan acceso a medicamentos que necesitan para tratar
las enfermedades que originalmente los complicaron.
Iván González, de 68 años de edad, está en diálisis desde hace 14
meses. La causa de su enfermedad renal es la hipertensión. El paciente, que
vive en el estado Cojedes, no recuerda cuándo fue la última vez que consiguió
antihipertensivos.
“Hay muchos problemas con el tratamiento. Ha habido semanas que lo
han dializado una sola vez, otras no lo han dializado porque no funciona la
planta de ósmosis”, aseguró su esposa, Dora Rojas. “En la unidad donde Iván
asiste todas las máquinas son de alto flujo, pero les hacen el tratamiento con
filtros de bajo flujo porque es lo que está llegando. Cuando se va la luz, que
es bastante seguido, la planta eléctrica no arranca”.
Rojas recordó que la segunda semana de marzo su esposo pasó una
semana sin diálisis. El día que regresó a la unidad, su máquina se dañó y solo
pudieron dializarlo media hora. Cuando volvió a la siguiente sesión no había
agua y le hicieron el tratamiento por dos horas. La tercera vez ya había
acumulado casi cinco litros de líquido y cuando lo fueron a dializar le dio una
brusca baja de tensión y no reaccionaba.
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En la entidad es muy irregular el suministro de material por el
IVSS. “Siempre tenemos la angustia de si para la próxima sesión habrá material.
Este año hemos estado así. Aquí en Cojedes tuvimos que trancar la carretera
porque no había dializadores y no se iba a dializar a nadie no se sabía hasta
cuándo”, dijo Rojas.
Las interrupciones en el tratamiento han hecho que la urea y la
creatinina de González se eleven. Rojas insiste en que no los dializan como
debe ser. “Hay deficiencias de todo, de los líquidos para las máquinas, de los
kit de diálisis. No hay hexomedine para limpiarlos y hay que llevar todos los
insumos”. Además de eso, existe déficit de personal, muchos especialistas y
enfermeras se han ido.
Foto María Laura Gil
Por
15 DE ABRIL DE 2018 01:45 AM
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